En medio del tire y afloje entre Camacol y el Distrito sobre las normas urbanas, no es claro el paisaje que tendrá la ciudad en los próximos años. Como ha advertido el experto Mario Noriega, el decreto 562 podría convertirse “en un nuevo monstruo, que llevará a la ciudad a un desastre urbanístico y a que se llene la ciudad de edificios de varios pisos”.
Sin embargo, el escenario de una ciudad colmada de rascacielos y falta de espacio público o la visión amable de la Administración, que imagina una ciudad equilibrada en su movilidad y acceso al centro, tampoco están seguras. ¿La razón?: la inseguridad jurídica, que haría que muchos constructores no le apostaran a la propuesta de Petro.
Así lo cree la analista Gabriela Niño, quien asegura que como las obligaciones para los constructores aumentaron con la orden de construir VIP, los lotes pequeños no serían igual de atractivos para que arrancaran allí los proyectos.
“Se podrían ver barrios donde se mantienen casas de dos y tres pisos al lado de altos edificios. Le restaría identidad a cada barrio, porque para todos aplican las mismas medidas”, explicó.
Para el urbanista Leonel Miranda, quien se ha dedicado al estudio de los decretos, la otra gran amenaza es que no haya grandes proyectos de ciudad, sino que “crezca de lo pequeño a lo grande”, porque como ahora no se obliga a los constructores a proponer planes parciales, sino que pueden edificar predio a predio, les resultará más fácil pagarle a la ciudad por la altura, pero no comprometerse a hacer transformaciones de fondo, que incluyan parques, equipamientos y soluciones de movilidad.
También, advierte Miranda, el decreto de VIP, que reglamenta un artículo del plan de desarrollo, tendrá una vida útil de entre siete meses y un año, mientras llega la próxima administración, lo que dejarían en veremos muchas iniciativas.
De otro lado, Beatriz Arango, presidente de la Asociación de Residentes del Chicó, señaló que “en movilidad y servicios públicos va a haber una gran afectación”, porque no hay seguridad de que se pueda cumplir con la demanda.
La Secretaría de Planeación explica que el decreto contempla un observatorio de servicios domiciliarios para que, a medida en que se vayan licenciando los proyectos, se detecte dónde se necesitan ampliar las redes y garantizar así que los constructores sí le paguen a la ciudad.
Además, explican que con las compensaciones de los proyectos de menos de 2.000 metros cuadrados que se edifiquen, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes tendrá los dineros para invertir en los parques y espacios públicos que necesita la ciudad.
Sin embargo, la preocupación para algunos analistas es que no se cuente con la institucionalidad necesaria para hacer cumplir las normas.
Para Javier Pérez, de la Universidad de Los Andes, lo más importante es que las cesiones en andenes y parques se construyan cerca de los sitios con nuevas edificaciones, y que no ocurra como en otras ciudades, que los constructores prefieren pagar y, por ende, el espacio público queda lejos de los sitios donde construyeron.
Reformar el POT no era el único camino
Con la expedición de los decretos, la exdirectora de Planeación Carmenza Saldías ha expresado en distintas oportunidades que la administración Petro no debió concentrar sus esfuerzos en presentar la Mepot, sino que tenía la posibilidad de decretar los cambios a través de normas y resoluciones.
“Por dedicarle tanto tiempo a presentar una Mepot tan estructural, el Distrito renunció a la posibilidad regulatoria vía decreto y perdimos tres años. Extrañamos que no se hubiera hecho desde el principio”, explica Leonel Miranda, urbanista.
Aunque en reiteradas momentos de su mandato, el alcalde Gustavo Petro manifestó que era necesario la Mepot para cumplir con su plan de desarrollo porque sin esta no se podían materializar las grandes transformaciones en movilidad y equidad social, analistas critican que haya amarrado su programa a una planeación de más largo plazo.
“El POT es de largo alcance. Qué tal que la cambiáramos cada 4 años”, asegura Javier Pérez, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, quien insiste que un gobernante tiene el compromiso de darle continuidad a unos proyectos de ciudad y armonizar su programa. Se teme que la aplicación de esta normativa no llegue a materializarse y los cambios que se planteó la Administración se queden en el papel y se modifiquen tan pronto termine su periodo.
Opinan
Gerardo Ardila
Secretario de Planeación
“No es verdad que estamos haciendo la Mepot a retazos. La ciudad está urgida de estos decretos para funcionar”
Martha Moreno
Gerente de Camacol
“Los decretos afectan el futuro urbano de Bogotá. Se pone en riesgo el modelo de ciudad”.
Gabriela Niño Sicard
Arquitecta urbanista
“La Administración no necesitaba esperar la Mepot para cumplir con su plan de desarrollo”.
Fuente:
eltiempo.com – http://app.eltiempo.com/bogota/rascacielos-en-bogota/15811497
laubet@eltiempo.com
Fotos:
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