El recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela —con el cierre del espacio aéreo venezolano, el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de acciones unilaterales— no es solo un episodio diplomático, es una expresión concreta de cómo la geopolítica redefine los territorios.
Se hace necesario un giro de enfoque en la forma como se planifica el territorio frente a este nuevo contexto geopolítico.
En primer lugar, es indispensable actualizar los instrumentos de planificación del ordenamiento y los planes sectoriales o municipales de desarrollo para incorporar, de manera explícita, variables de seguridad, migración, conectividad y riesgo geopolítico, especialmente en las zonas de frontera y en las ciudades receptoras de población. Esto implica habilitar suelo bien localizado para vivienda social, prever equipamientos y servicios públicos para una población creciente y ajustar los modelos de movilidad urbana y regional a flujos más volátiles e inciertos.
Al mismo tiempo, la frontera debe dejar de entenderse como un borde pasivo y asumirse como un sistema crítico de desarrollo. Eso exige diseñar corredores fronterizos resilientes que combinen infraestructura física (vías, terminales, redes de servicios), equipamientos sociales (salud, educación, atención humanitaria) y políticas activas de integración económica y social, de manera que se evite la expansión descontrolada de asentamientos informales y se transformen los movimientos migratorios en oportunidades de dinamización productiva y regeneración urbana y rural.
Para que esto sea viable, resulta clave fortalecer la gobernanza local e institucional: municipios y departamentos fronterizos necesitan más capacidades técnicas, instrumentos de gestión del suelo, herramientas fiscales innovadoras y una coordinación más sólida con el nivel nacional, para reducir la dependencia de una cooperación internacional que puede volverse incierta o condicionada por la misma tensión geopolítica.
Finalmente, la planificación territorial debe adoptar un enfoque abiertamente prospectivo. Los instrumentos de ordenamiento tienen que ser capaces de simular escenarios de cambios abruptos en flujos migratorios, patrones de ocupación del suelo, conectividad aérea y terrestre, así como disrupciones en cadenas logísticas y productivas.
En ese marco, la seguridad humana y la sostenibilidad ambiental deben dejar de ser capítulos accesorios y convertirse en principios ordenadores de las decisiones de uso del territorio: proteger ecosistemas estratégicos, planificar el litoral y las áreas costeras con criterios de resiliencia, y asegurar que las respuestas a la crisis no se traduzcan en más desigualdad espacial ni en nuevas formas de extractivismo sobre territorios vulnerables.
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